Contratos por escrito obligatorios para las empleadas de hogar

El 1 de enero entra en vigor una normativa que cambia el sector de una forma radical .
La entrada en vigor a partir del 1 de enero del nuevo sistema de Seguridad Social de los empleados de hogar, un sector donde trabajan 700.000 personas es la novedad más importante para 2012 de la reforma de este organismo, aprobada por el Parlamento en julio, según recuerda hoy El Correo. El grueso de los cambios del sistema, que incluyen el retraso de la edad de jubilación, el aumento de los años cotizados necesarios para conseguir una pensión completa y la ampliación del periodo computado para calcularla, comenzará a aplicarse, de forma paulatina y en plazos de hasta 14 años, el 1 de enero de 2013.

Además, hay otras novedades trascendentes para determinados colectivos que comienzan a aplicarse en 2012, como la subida de un punto extra de las pensiones de viudedad -de un total de ocho que se irán aplicando en otros tantos años, hasta que estas prestaciones alcancen el 60% de la base reguladora frente al 52% actual-, la ampliación de la edad para recibir una pensión de orfandad o la posibilidad de los autónomos de elegir su base de cotización, siempre que no rebasen el 220% de la mínima, con independencia de la edad que tengan.

La reforma del régimen especial de empleados de hogar pretende equiparar en derechos laborales a este colectivo, compuesto en un 94% por mujeres, aunque sin conseguirlo plenamente, dado que por el momento no tendrán desempleo.

Entre las novedades a la hora de formalizar sus relaciones laborales está el derecho a un contrato de trabajo por escrito, cuando hasta ahora servía también un compromiso de palabra. El documento debe contener obligatoriamente el número de horas de trabajo semanales, la retribución mensual y por hora trabajada, el tratamiento que se da a las horas presenciales y la pernoctación y la cuenta bancaria del empleador, a través de la cual la Tesorería de la Seguridad Social le cobrará la cotización.

Tanto los hogares como los trabajadores tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la normativa, es decir, hasta el 30 de junio próximo. Con estas novedades, el Gobierno saliente esperaba que afloraran unos 150.000 cotizantes a la Seguridad Social, que tiene en la actualidad casi 300.000.